Reporteros sin Fronteras denuncia en su web el acoso del gobierno estadounidense en contra de WikiLeaks y de sus colaboradores e insta al presidente Obama a que cierre esta investigación "en nombre de los principios constitucionales"

Un tribunal estadounidense del distrito de Alexandria (Virginia) solicitó, el pasado 14 de diciembre, a la red social Twitter información "pertinente" sobre los usuarios que podrían estar relacionados con la web Wikileaks, en el marco de una "investigación criminal en curso", según denuncia Reporteros sin Fronteras (RsF) en su web.

La información solicitada, prosigue el artículo firmado por la organización internacional, concierne a Julian Assange, fundador de Wikileaks, Bradley Manning, sospechoso de pasar los cables diplomáticos a esta web, Rop Gonggrijp, ex colaborador de Wikileaks, Jacob Appelbaum, programador estadounidense, y Brigitta Jonsdottir (@birgittaj), diputada islandesa y ex voluntaria de Wikileaks.

"Tras las presiones ejercidas sobre Paypal, Visa, MasterCard y Amazon, el gobierno estadounidense aumenta el ensañamiento contra Wikileaks y sus colaboradores. El gobierno federal busca a toda costa abrir una investigación criminal", lamenta Reporteros sin Fronteras. Y añade que "tal forma de proceder representa ’un grave perjuicio’ a la protección de datos personales por parte de la administración Obama, quien afirmó en varias ocasiones ser favorable a la libertad de expresión en línea".

En una carta dirigida al presidente Obama y al fiscal general Eric Holder, RsF ya solicitó a las autoridades estadounidenses que renunciasen a perseguir a Wikileaks y a sus colaboradores, argumentando que la "publicación de información –aunque fuera clasificada– por parte de Wikileaks y de los cinco medios de comunicación asociados, constituye una actividad periodística de información al público y por lo tanto se acoge a la Primera Enmienda". Por ello, Reporteros sin Fronteras insta al gobierno estadounidense, en nombre de los principios constitucionales fundamentales, a que renuncie a conseguir estos datos personales y que cierre esta investigación.

Uno de los abogados del fundador de Wikileaks, Mark Stephens, afirma que esta nueva acción traduce "la desesperación de los Estados Unidos por pillar a toda costa" a su cliente por "crimen".

"La magnitud de la información solicitada por la justicia estadounidense es impresionante", afirma la organización de periodistas en su página web. Ya que en estos informes, continua el artículo, vienen incluidas las grabaciones de tweets -conversaciones entre usuarios-, direcciones IP, email y postal de las personas incriminadas, así como las formas y fuentes de pago, en particular con los datos bancarios. Al acceder a los intercambios entre usuarios y a la opción de co-gestión de algunas cuentas, las autoridades estadounidenses tienen la posibilidad de hacer mayor su campo de "sospechosos" en el caso Wikileaks.

Twitter advierte a sus usuarios
Reporteros sin Fronteras saluda la iniciativa de Twitter al informar a los usuarios del procedimiento en curso a pesar de que en un primer momento, las autoridades le ordenaran  mantener el secreto así como no avisar a los usuarios relacionados con la investigación. Después de lo que parece ser una "batalla jurídica", la red social consiguió, el pasado 5 de enero, el permiso para avisar a los internautas incriminados. Asimismo, Twitter afirmó que sin la existencia de un procedimiento jurídico por parte de los usuarios concernidos para oponerse al requerimiento de los Estados Unidos, o bien sin un acuerdo amistoso en un plazo de diez días, estará obligado a entregar los datos.

Por su parte, la diputada islandesa Brigitta Jonsdottir, de la que también se ha solicitado información, afirmó que nunca entregaría tal información de forma "voluntaria" a la justicia estadounidense. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, declara : "Espero que no se piensen que soy tan ingenua como para publicar en mi cuenta Twitter mensajes importantes o que me podrían incriminar". Jonsdottir ya aseguró haberse puesto en contacto con el ministro de Justicia islandés, y haber solicitado una cita con el embajador de Estado Unidos en Reykjavik. Mientrasque el ministro de Interior islandés calificó de "grave e inquietante" la forma de proceder de los estadounidneses.

Wikileaks considera que se podrán haber dirigido conminaciones similares a Facebook y Google, los cuales de momento no han comentado el caso. Su página en Facebook cuenta ya con más de 1,5 millones de fans y su cuenta en Twitter interesa a más de 600.000 internautas.

Fuente:Reporteros sin Fronteras

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