Luis Prats

Tras una huelga general no hay cabida para el diálogo, si este no se sustenta en la rectificación de las medidas que llevaron a la convocatoria de la movilización por excelencia que tienen los sindicatos en una democracia. La palabra diálogo pierde todo su contenido si quien la propicia hace caso omiso de las reivindicaciones del contertulio y lleva a cabo propuestas y medidas con natural unilateralidad.

El diálogo como discusión en busca de avenencia, es positivo siempre y cuando las partes en conflicto de intereses intenten llegar a un acuerdo que si no satisface a ambos interlocutores, si al menos no lesione los derechos de unos ni de otros. El diálogo frustrado tras largos meses de conversaciones no tiene viabilidad alguna cuando se pretende magnificar como vía de solución al día siguiente de la huelga general.

Las organizaciones sindicales convocantes de la huelga general no pueden ni deben exigir al gobierno de la nación más que una rectificación inmediata de las medidas derivadas de la legislación aprobada sin el consenso sindical. No sería de recibo alentar a la huelga al conjunto de los trabajadores, con lo que ello conlleva: descuento en la nómina del día no trabajado y en algún que otro caso posible no renovación del contrato o represalias de similares características, para a posteriori sentarse a negociar con el gobierno como si nada hubiera pasado otro tema distinto del que ha llevado a la convocatoria de huelga.

Rectificar es de sabios, y en este caso tras el día 29, no le queda otra al ejecutivo que plantearse una marcha atrás en la legislación aprobada recientemente en el  Congreso de los Diputados y el Senado con la avenencia de la derecha nacionalista.

Aún con la campaña mediática que han sufrido los sindicatos, intentando desprestigiarlos por las actitudes de alguno de sus dirigentes, que es cierto dejaron mucho que desear en ciertos momentos, y la persecución de los liberados, delegados sindicales con acumulación de horas pactadas con los empresarios y la administración, si los trabajadores quieren evitar legislaciones que lesionen sus derechos han de ejercer su derecho constitucional y acudir a la huelga convocada.  

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