LUIS PRATS PEREZ
La decisión popular se ha visto superada en menos de dos semanas por la decisión judicial que pasa por dar contenido sumarial a las investigaciones policiales que han puesto al descubierto las miserias humanas y las riquezas ocultas de nuestros políticos más representativos y sus amigos

En plena reflexión llegó la indignación, que inundó plazas de muchas ciudades de España al calor del ensayo de Stephan Hessel. Reflexión para todos menos para unos, los políticos, que seguían a lo suyo: ávida recolección del voto indeciso, preparando excusas para incumplir lo prometido, que en ningún caso acaba en deuda sino en haber de sus bolsillos. Por ello la mayoría silenciosa, esa que comparte propuestas de los indignados, que no son más que extensión de nuestros anhelos, quiere sobre todo un cambio en las formas que sea preludio de un giro en el fondo. Cambio profundo en la ley electoral: listas abiertas, elección de alcaldes en segunda vuelta que impidan la proliferación de partidos localistas cuya supervivencia pasa por ser bisagra, restar influencia en el Congreso a los partidos nacionalistas. Democratizar el poder judicial acabando con la maléfica influencia de los partidos en la elección tanto de fiscales como de magistrados del TC. Rebajar sueldos y acabar con prebendas y privilegios de la clase política y reducir drásticamente la legión de asesores y canonjías y un número mínimo de clases lectivas de dimisión, que nadie es imprescindible y la vocación de servicio no pasa por lo permanente. Y por último un mínimo de honradez que impida espectáculos como el que nos toca vivir a los alicantinos con los últimos acontecimientos tras las filtraciones sumariales del caso Brugal y aledaños.

Cada cuatro años tenemos la oportunidad de decidir que personas y organizaciones preferimos al frente de nuestras instituciones, aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. La intervención del pueblo en el gobierno, únicamente es posible a través de sus representantes, y estos se eligen en sufragio universal. Hablando a través de las urnas, podemos igualmente mostrar nuestra justa indignación. Pero cuando la honradez de nuestros políticos está en continuo entredicho, la confianza se torna en exigencia de dimisión de aquellos que aprovechándose de su cargo se procuran un nivel de vida y un futuro dilapidando el erario público, o haciendo de éste un factor especulativo más de sus negocios, cultivando el cohecho y haciendo circular la información privilegiada entre sus pares para su propio bienestar económico y social y de sus validos.

La decisión popular se ha visto superada en menos de dos semanas por la decisión judicial que pasa por dar contenido sumarial a las investigaciones policiales que han puesto al descubierto las miserias humanas y las riquezas ocultas de nuestros políticos más representativos y sus amigos. La implicación y seguramente próxima imputación de alcaldesa y diputados en cortes valencianas, con indicios más que aparentes sino de delitos a solventar en juicio posterior, sí de irregularidades de tal calibre que harían sonrojar y dimitir a cualquier persona que tuviera el mínimo de decencia, superando el estricto campo de la política, será sin duda el siguiente paso judicial.

El calibre de la indignación popular parece dejar imperturbables a quienes se ven afectados por la puesta en blanco sobre negro de sus grotescas conversaciones de sospechosos fines. Toda una ciudad no puede ni debe quedar a la expectativa de si su primera autoridad será imputada, si será llevada a juicio y si será declarada culpable de unos hechos que destilan aromas transgresores de normas, ordenanzas, reglamentos y leyes vigentes, cuando además el segundo de la lista ya viene imputado. Es una pena que la primera mujer electa como alcaldesa de Alicante se vea envuelta en sucesos de esta naturaleza, para Castedo y demás la decisión popular pasa hoy por la dimisión sin bagajes.

Luis Prats Pérez es sindicalista.

Autor: Luis Prats Pérez

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