Puntualizaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a las entidades financieras
VICENTE LLOPIS PASTOR
Ante lo que ha ocurrido en España, lo que está sucediendo en la deuda soberana de muchos países europeos y la necesidad de provisiones de las entidades bancarias para cubrir posibles reducciones de su plantilla de personal, en la CNMV ha prendido cierta desconfianza en las valoraciones de los activos que representan estas entidades y para cerciorarse de la validez de las cuentas y balances que le presentan, está exigiendo innumerables detalles que antes analizaban con menor precisión
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Productividad fundado en 1988 y que tiene como finalidad la supervisión de los mercados de valores en España. Su objetivo es velar por la transparencia de estos mercados y la correcta formación de sus precios. Sus tareas se centran principalmente sobre las sociedades que emiten valores para ser colocados de forma pública en el mercado primario; las actividades de los mercados secundarios de valores; las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva.
La CNMV es, por tanto, el órgano institucional que vela por el mercado oficial regulado de las acciones y los activos financieros que cotizan. Recibe información periódica de las sociedades cotizadas y éstas han de informarle instantáneamente de algún hecho relevante que pueda afectar a la cotización de los activos en los mercados, sobre los que tiene autoridad para suspender o condicionar la fijación de sus precios y períodos de cotización, si así lo estimara oportuno.
Dentro de estas competencias está la de conocer el valor de las empresas cotizadas y la forma de contabilización de los activos y pasivos que aparecen en los balances de las entidades financieras. Los años 2010 y 2011 han sido de especial atención por parte de la CNMV porque fusiones, adquisiciones, absorciones, SIP’s, e intervenciones del FROB han dado lugar a que la mayoría de las cajas de ahorros hayan desaparecido como tales y se hayan tenido que transformar en bancos por imperativo legal. Concretamente, de 45 cajas de ahorros ahora se han quedado en 15, estas últimas, en su mayoría, son bancos con la forma jurídica de sociedad anónima y algunos de ellos cotizan en la Bolsa de Valores, incluso en el Ibex-35.
Ante lo que ha ocurrido en España, lo que está sucediendo en la deuda soberana de muchos países europeos y la necesidad de provisiones de las entidades bancarias para cubrir posibles reducciones de su plantilla de personal, en la CNMV ha prendido cierta desconfianza en las valoraciones de los activos que representan estas entidades y para cerciorarse de la validez de las cuentas y balances que le presentan, está exigiendo innumerables detalles que antes analizaban con menor precisión.
Me consta, por la información en revistas y publicaciones especializadas, que, por ejemplo, la CNMV está solicitando información adicional sobre datos tales como la toma de control estratégico de las acciones de algunas compañías; transmisión de negocios de “leasing”; compromisos postergados con la plantilla de personal; calidad crediticia de los activos que no están en mora o muy deteriorados; gestión del riesgo del mercado; compraventas y participaciones en el mercado de seguros; exposición a la deuda soberana por países; pérdidas por deterioro de propiedades inmobiliarias; etcétera, etcétera.
“Quien manda, manda”. Este parece ser el caso de la CNMV, a la que le ha entrado el sarampión informativo para conocer casi hasta el último detalle la solidez de las entidades financieras de nuestro país. Desde luego es un enorme y adicional trabajo para las entidades bancarias el dar cumplimiento a tanto aluvión de necesidades informativas.
Pero todo sea en aras de la mejor gestión y la adecuada confianza en el Sistema Financiero Español, ya que la experiencia nos demuestra continuamente la enorme sensibilidad que las entidades financieras, corporaciones, Comunidades Autónomas, Gobierno Central y demás emisores españoles de deuda corporativa o soberana tienen sobre el diferencial de riesgo con el bono alemán, el cual se toma como unidad de medida, y que la más mínima variación puede suponer una enorme cuantía de intereses para nuestro país y, lo que es más grave, la desconfianza de los mercados internacionales que dejarían de fluir inversiones y liquidez hacia España.
Vicente Llopis Pastor es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Alicante.

















Comentarios
Enviar un comentario nuevo